201502.13
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La gran actividad de la AEPD

Durante los últimos tres años, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a empresas y particulares con cuantías que superan los 20 millones de euros anuales. Y la cifra es ascendente (durante el último ejercicio la AEPD impuesto sanciones por valor de 22 millones de euros, superando en más de un 6% más el ejercicio anterior).

Algunos de los sancionados, descontentos con el parecer de la AEPD, y acuciados por la crisis, deciden recurrir las multas de la AEPD, con el fin de que sea la Audiencia Nacional, quien examine las sanciones y las anule o las rebaje. Así, durante el año 2013, se presentaron 276 recursos contra las decisiones de la AEPD, sometiéndose al examen de la Audiencia Nacional un total de 11,8 millones de euros en multas.

Del total de recursos revisados, la Audiencia Nacional ha considerado estimar las pretensiones de los reclamantes (total o parcialmente), en 88 sentencias, anulándose 3,5 millones de euros en multas y distintos pronunciamientos de la AEPD.

De entre las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, destacan aquellas en las que la se ha entendido que la inclusión en ficheros de morosos era legítima, o aquellas que afirman que no existía carga probatoria suficiente como para imponer una sanción. Son especialmente relevantes, además, entre otras: Nueve sentencias que han anulado más de 300.000€ de multas al considerarse que la AEPD había sancionado incorrectamente pues existía caducidad en los procedimientos sancionadores, o prescripción; Tres sentencias que han anulado más de 600.000€ de multas, al considerar que la AEPD no actuó siguiendo el procedimiento correcto (la AEPD no realizó las notificaciones previstas normativamente o no posibilitó que el sancionado formulase alegaciones); Cuatro sentencias que han ordenado a la AEPD iniciar procedimientos de inspección. Son sentencias fundamentales, pues la Audiencia Nacional entiende que las personas que presentaron las denuncias tienen legitimación para recurrir la decisión de la AEPD de no iniciar la investigación.

También son relevantes una sentencia que ha ordenado a la AEPD que aclare en qué términos se aplicaría el derecho al olvido a la hemeroteca digital de un medio de comunicación; u otra que ha señalado, en contra del criterio de la AEPD, que las imágenes de placas o números de matrícula en ningún caso identifican una persona, ya que el conductor del vehículo ni siquiera tiene porqué ser el titular del mismo, es decir, aquel a cuyo nombre figura dicho vehículo en la Dirección General de Tráfico.

En favor de la AEPD hay que señalar que en 188 ocasiones la justicia han mantenido el criterio de la AEPD, desestimando o inadmitiendo los recursos. Además, la propia AEPD sostiene en su reciente memoria anual, que únicamente existen 55 estimaciones totales y 33 estimaciones parciales, y que en nueve casos la Audiencia Nacional se ha limitado a rebajar la cuantía de las sanciones (de acuerdo con las modificaciones establecidas en la Ley de Economía Sostenible). Afirma la AEPD que esos últimos casos –aún rebajadas las multas- son favorables a la AEPD en cuanto al fondo del asunto.

Dicho así, ¿la AEPD es un simple espectador o víctima de una regulación legal que reduce sus sanciones? sinceramente, no lo creo. Observando puntuales sentencias de 2011 y 2012, e incluso de 2013, no se puede llegar a esa conclusión tan generosa.

A título de ejemplo (advierto de nuevo que puntual), conviene leer la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de mayo de 2013, en la que se pone de manifiesto que una empresa solicitó a la AEPD la revisión de oficio de un procedimiento en ejecución (argumentando que debería aplicarse la nueva regulación). Parece que la AEPD no quiso aplicar la nueva regulación, y la empresa únicamente logró su objetivo en la Audiencia Nacional, que admitió la rebaja de 300.506,05 € a 40.001€.

Este artículo no pretende poner en duda el gran (y excesivo) trabajo que desarrolla por la AEPD. Con algunos peros innegables, es un organismo sobrecargado de responsabilidades y con falta de personal, al que ya le sobrepasa el boom de derecho al olvido, el impagable coto a las prácticas ilegales de empresas de telefonía, y la llevanza de procedimientos nada sencillos como las tutelas de derecho.

Si bien los criterios de la AEPD pueden ser puestos en duda, debemos recordar una y otra vez que las sanciones no se las queda la AEPD (hay gente que cree que sí y que es la única administración que siempre va rica). La Agencia, como cualquier operador jurídico, aprende y se aplica sentencia a sentencia.

Fuente:www.expansion.com