En la jornada participaron el director general de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte, el presidente del Centro Europeo de Auditores Socio-Laborales, Juan Palleña Martí, la integrante del Instituto de Auditores Internos de España, Marina Touriño, y el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la institución cameral, Per Thomsen.

Según explicó el presidente de la Comisión cameral, hasta ahora sólo podían ser sancionadas aquellas empresas que habían sido denunciadas previamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, y siempre y cuando las denuncias estuviesen debidamente fundamentadas, oscilando la multa entre los 600 y los 600.000 euros. Sin embargo, a partir de octubre, estas mismas sanciones podrán aplicarse también en el supuesto de que, durante una inspección de oficio, se compruebe que una empresa no cumple con la normativa y no subsana su error en el plazo que determine la normativa.

El año pasado, la Agencia Española de Protección de Datos finalizó más de 1.200 investigaciones de supuestos y casos que fueron objeto de resolución, casi todos ellos relacionados con empresas privadas, que en su conjunto recibieron sanciones por un valor total de 24,4 millones de euros. Canarias, con 51 investigaciones, se situó en el puesto numero ocho del ránking de las comunidades que más denuncias registraron.

Entre las obligaciones que emanan de esta Ley, Artemi Lombarte destacó principalmente el deber que tienen todas las empresas de recabar el consentimiento de las personas físicas para tratar sus datos. Un deber que a su juicio es el pilar principal en el que se sustenta la Ley, que también obliga a todas las pequeñas y medianas empresas y entidades a registrar sus ficheros en el registro Oficial de la Agencia de Protección de Datos.

En la actualidad, este Registro tiene inscritos cerca de un millón de ficheros, de los que 30.000 corresponden a entidades canarias.

Fuente: El día digital
Fecha: 03/10/2007